Conclusiones y/o Decisión:

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Establece como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 12° al 16°.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 8º a 14º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 15º y 16º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 8º a 11º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 11º a 17º y el 19º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 10º al 16º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 6º al 20º.

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El Pleno adoptó por MAYORIA lo siguiente: "No, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución impiden que la ejecución de una decisión con autoridad de cosa juzgada pueda verse frustrada por el inicio de un simple procedimiento administrativo".

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El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: “No, si las pretensiones se fundan sobre los mismos hechos que hubieran justificado la estimación de la pretensión de impugnación, aunque la calificación hubiese sido variada en la segunda demanda de nulidad".

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El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: “Que la norma del art. 720º del Código Procesal Civil (modificado por el Decreto Legislativo Nº 1069) exige como un nuevo requisito de procedencia de la demanda de ejecución de garantías, la presentación de un titulo ejecutivo que acredite la obligación garantizada; y que de ser un titulo valor debe conferir acción cambiaria, siendo procedente entonces verificar (entre otros supuestos) si el titulo valor ha caducado o prescrito; porque de ser así, sería improcedente la ejecución de la garantía.

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Los jueces que ejercen competencia en el marco de la Ley Procesal del Trabajo número 26636 y en la Nueva Ley Procesal del Trabajo número 29497, conocerán de las demandas de daños y perjuicios por responsabilidad contractual tanto por daño patrimonial, que abarca el lucro cesante y daño emergente, como por daño moral, especialmente en los casos de enfermedad profesional.

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Los jueces de trabajo en los procesos laborales ordinarios por la Ley Procesal del Trabajo, Ley 26636, están facultados para conocer los procesos de impugnación o nulidad de despido incausado o despido fraudulento, que de ser fundado tengan como consecuencia la reposición del trabajador al centro trabajo.

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Los jueces de trabajo están facultados para conocer de la pretensión de reposición en casos de despido incausado o despido fraudulento, en el proceso abreviado laboral, siempre que la reposición sea planteada como pretensión única.

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Que el trabajador debe cumplir con probar la existencia de la enfermedad profesional y el empleador, el cumplimiento de sus obligaciones legales, laborales y convencionales.

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Probada la existencia del daño, pero no el monto preciso de resarcimiento, para efectos de determinar el quantum indemnizatorio es de aplicación lo establecido en el artículo 1332º del Código Civil, salvo que las partes hubieran aportado pruebas suficientes sobre el valor del mismo.

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Los trabajadores de espera, vigilancia o custodia, no están comprendidos en la jornada máxima sólo si que su prestación de servicios se realiza de manera intermitente

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Las limitaciones presupuestales no privan a los trabajadores del Sector Público de gozar del pago de horas extras si se ha realizado trabajo en sobretiempo

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Existe la posibilidad que las entidades del Sector Público compensen el pago de horas extras con períodos de descanso sustitutorio. Sin embargo, para ello, tal como en el Sector Privado, es necesaria la aceptación del trabajador y su manifestación de conformidad consignada en un acuerdo (convenio).

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Que la responsabilidad del empleador por los daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional es de naturaleza contractual, y así debe ser calificada por el Juez independientemente de la calificación o de la omisión en la calificación por parte del demandante o del demandado.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 21º al 38º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 16º a 19º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 8º a 20º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 9º al 12º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 6º a 19º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 6º a 13º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 6º a 21º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 8º a 16º.

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La competencia territorial en el proceso Contencioso Administrativo es improrrogable, sin embargo interpretando extensivamente el domicilio del demandado a que alude el artículo 10 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, es competente el Juez del domicilio de la dependencia administrativa de la entidad demandada o el Juez donde se produjo la actuación la actuación materia de la demanda, o el silencio administrativo; decisión que debe tomar el demandante.

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Bastaría con solicitar el reconocimiento por restablecimiento de un derecho, pues el Juez debe aplicar los principios que rigen el proceso Contencioso Administrativo, como son de favorecimiento del proceso y de suplencia de oficio, estando implícito en este reconocimiento la declaración de nulidad de la resolución ficta, pero debe pronunciarse por la nulidad si lo pide.

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Las pretensiones de nulidad de prescripción adquisitiva de dominio declaradas en sede administrativa (COFOPRI, PETT, MUNICIPALIDADES, deben tramitarse en la vía del proceso contencioso administrativo, en cambio las actuaciones del Notario se deben tramitar en la vía del proceso ordinario de conocimiento porque no constituye actos administrativos.

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Cuando el administrado ejerce acción contencioso administrativa, pretendiendo la invalidez o ineficacia de una actuación administrativa, corresponde la impugnación contra la entidad administrativa que emitió la resolución cuestionada en última instancia.

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El Pleno adoptó por MAYORIA lo siguiente: “La declaración de contumacia para el adolescente infractor solo tiene fines de conducción al proceso para emitir la resolución que ponga fin al proceso; en consecuencia, no suspende el plazo de prescripción de la acción; en todo caso, la acción prescribe a los dos años de producido la presunta infracción”.

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El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: “Señalan que la imposición de las medidas de protección previstas en el artículo 242° del Código de los Niños y Adolescentes requiere que se acredite en forma indubitable la participación del menor favorecido mediante un proceso investigatorio”.

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El Pleno adoptó por UNANIMIDAD lo siguiente: “Si procede conceder beneficio de semi-libertad al adolescente infractor internado, no obstante la prohibición establecida en la Ley N° 28704”

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El Pleno adoptó por MAYORÍA lo siguiente: “No es aplicable el plazo de prescripción prevista en el artículo 2001 inciso 4 cuando del Código Civil cuando el beneficiario de la pensión de alimentos es menor de edad, pues el plazo de prescripción se halla suspendido en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1994 inciso 8 del Código Civil”.

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El Pleno adoptó POR MAYORÍA lo siguiente: “No deben concederse ni ejecutarse medidas cautelares en los procesos de amparo que ordenen la suspensión de procesos judiciales. Excepcionalmente, pueden concederse y ejecutarse cuando el juez advierta que concurre un daño inminente originado en una afectación que viole o amenace un derecho fundamental e incida en el resultado del proceso cuestionado, siempre que dicha afectación haya sido alegada por el amparista en el proceso cuya suspensión se pretende”.

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¿PROCEDE INTERPONER APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE UNA MEDIDA CAUTELAR SIN HABER INTERPUESTO PREVIAMENTE OPOSICIÓN?

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El Pleno adoptó POR MAYORÍA lo siguiente: “Los jueces pueden ordenar el pago de intereses legales incluso si en la sentencia no se emite pronunciamiento al respecto”.

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Constituyen precedente judicial vinculante, las siguientes reglas: 1. En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, violencia familiar, los jueces tienen obligaciones y facultades tuitivas y se flexibiliza los principios y normas procesales sobre iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, entre otros, en razón de las responsabilidades constitucionales sobre protección de la familia y promoción del matrimonio; la naturaleza de los conflictos que deben solucionar derivados de las relaciones sociales, familiares e interpersonales. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado cuyos artículos 1, 2, inciso 1, 4 y 43 consagran, respectivamente. Que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado: La protección especial: al niño, al adolescente, a la madre, y al anciano. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en cuanto le favorece. Así como reconoce la fórmula política del Estado social y democrático de Derecho. 2. En los procesos sobre divorcio y de separación de cuerpos los jueces tienen el deber de velar, de oficio, por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345-A del Código Civil; aún si ello no hubiese sido demandado, ni reconvenido ni alegado. Se trata de una obligación constitucional y su fundamento es la equidad y la solidaridad. 3. El derecho reconocido en el artículo 345-A del Código Civil es irrenunciable pues está referido a una obligación constitucional del Estado, la sociedad y de la parte ofensora, cuyo fundamento es la equidad y la solidaridad. 4. En consecuencia, a pedido de parte o de oficio, los jueces deberán señalar con criterio de conciencia, con arreglo a la sana crítica y de acuerdo a cada caso una indemnización por las responsabilidades en que hubiere incurrido el cónyuge que incumpla sus deberes familiares; lo que incluye el daño a la persona y el daño moral, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos, gananciales, derechos hereditarios, providencias en beneficio de los hijos que pudiera corresponderle. 5. Para que proceda el reconocimiento judicial de los derechos reconocidos por el artículo 345-A del Código Civil la situación de oficio o el pedido de parte podrán ser formulados en cualquier estado del proceso. En todo caso, los jueces deberán garantizar a las partes el ejercicio del principio de contradicción, de su derecho constitucional a la instancia plural y de defensa.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 12º al 32º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 7º a 12º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 7º a 38º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 10º al 19º.

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Conclusiones y/o Decisión:

Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 6º a 15º.

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Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 8º a 23º.

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Corresponde demandar desalojo por vencimiento de contrato, debido a que si se mantiene la posesión de un bien inmueble pese a que ha transcurrido el plazo pactado o la fecha señalada de culminación en el contrato de arrendamiento debe entenderse que hay continuación del arrendamiento, convirtiéndose en uno de duración indeterminado

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No se interrumpe la posesión pacífica dado que el requisito de pacificidad o posesión pacífica, se habría configurado al cumplirse el plazo señalado por Ley para adquirir el bien mediante la usucapión, sea ordinaria o extraordinaria. Por tanto, una acción posterior no configura la perturbación de la posesión.

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Se debe declarar fundada la demanda atendiendo a que la acreditación de la propiedad del terreno por parte del demandante, implica también que se le repute propietario de lo levantado sobre él, ello en virtud de la accesión, más aún, si la parte demandada no ha alegado la propiedad de la construcción.

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El Juez si puede declarar de oficio la nulidad del acto jurídico en la parte resolutiva de la sentencia, en la medida que haya tenido en cuenta como pautas a seguir que lo haya fijado como punto controvertido y que haya dado la posibilidad a las partes procesales para el contradictorio respectivo; sin que ello implique vulneración alguna al principio de congruencia procesal, habida cuenta que como todo principio, éste no es absoluto, por tanto admite excepciones, siendo una de ellas la facultad contenida en el artículo 220º del Código Civil.

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No es posible que el socio invoque indistintamente las causales previstas para la impugnación de acuerdos como las de nulidad de los mismos, se trataría de supuestos distintos, lo que implica plazos de caducidad y diferentes tipos de intereses tutelados.

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El auto final en un proceso no contencioso – convocatoria a junta de accionistas – sin contradicción, es inimpugnable.

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Si se extiende la ejecución de la hipoteca sobre las construcciones que no existían al momento de su constitución, aún cuando ello no se encuentre pactado en el contrato respectivo, pues las construcciones levantadas son técnicamente partes integrantes del bien hipotecado, lo que si está autorizado por el Código Civil.

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Si es aplicable la suspensión prevista por el artículo 18 de la Ley General del Sistema Concursal en los casos que existe mandato de ejecución con la calidad de cosa juzgada por ser de obligatorio cumplimiento suspender el proceso cuando el deudor se ha sometido a un procedimiento concursal

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Cuando se perjudica el Título Valor por culpa del acreedor, se extingue sólo la acción cambiaria, quedando subsistente la obligación primitiva o acción causal, sin que sea relevante que el título perjudicado haya circulado o no, conforme a los artículos 1 y 94.3 de la Ley de Títulos Valores Nº 27287, no debiendo aplicarse lo dispuesto por el artículo 1233 del Código Civil estando al Principio de Especialidad.

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No procede el cobro de penalidades en un proceso ejecutivo o de ejecución de garantías reales, pues se trata de una disposición contractual sujeta a limitaciones que puede ser objeto de reducción judicial lo que supone necesidad de debate y prueba, para su cabal esclarecimiento, lo que resulta incompatible con el proceso ejecutivo o de ejecución.

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No se debería realizar una Audiencia de Ratificación por parte de los peritos que efectuaron dicho examen.

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Si procede el saneamiento procesal luego de emitido el auto de saneamiento.

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En realidad, el Fiscal no formula acusación, sino que, en la audiencia privada, presenta los cargos que pesan contra el procesado. Es necesario que se emita una sentencia cuando se apruebe el acuerdo y un auto cuando se desapruebe. El juez no puede desvincularse de la acusación fiscal en un proceso de terminación anticipada. ACORDARON: Elevar como propuesta al Pleno Nacional las siguientes interrogantes: ¿El Juez puede imponer una pena diferente a la arribada en el acuerdo? ¿Cuál es el término para impugnar?

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1.- No se derogaron tácticamente los artículos 241, inciso 1 y 244 del Código Civil con la puesta en vigencia de la modificatoria del artículo 173 del Código Penal el 05 de abril del 2006 cuando se promulga la ley Nº 28704 2.- No resulta ser ultractiva para el caso de los convivientes y matrimonios producidos antes de la vigencia de la Ley 28704 3.- No deben ser procesados penalmente. ACORDARON: Elevar como propuesta al Pleno Nacional la siguiente interrogante: Las relaciones sexuales sostenidas con un menor de edad de entre 16 y 18, que voluntariamente las sostiene ¿debe ser punible penalmente?

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El Recurso de Queja Excepcional, debe interponerse cumpliendo con los requisitos exigidos por el inciso segundo del artículo 297 del Código de Procedimientos Penales, especialmente la fundamentación de la violación de normas constitucionales o legales, la cual le sirve de sustento, pues de lo contrario dicho medio impugnatorio será declarado Inadmisible de Plano, pudiendo el juzgador en ejercicio de su potestad sancionatoria concedida por el articulo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial imponer las sanciones que correspondan al abogado que de manera maliciosa presente su recurso omitiendo fundamentarlo en el extremo indicado. Ahora bien, para declarar fundado o infundado el recurso, será necesario analizar o evaluar el fondo de este medio impugnatorio, en base a los criterios o parámetros que la misma norma prevé, esto es si efectivamente existen normas constitucionales o legales que hayan sido violadas, de que manera han sido soslayadas, y si dicha violación afecta gravemente el proceso o no. En este orden de ideas no es posible establecer criterios objetivos para evaluar el cumplimiento del segundo requisito exigido por el inciso 2 del artículo 297 del Código de Procedimientos Penales, pues éstos ya han sido señalados por la norma en mención, esto la grave violación o afectación de: a)normas constitucionales y b) normas con rango de ley directamente derivadas de normas constitucionales; por lo tanto, pretender establecer nuevos criterios implicaría entrar a analizar un caso concreto lo cual corresponde al juzgador.

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El incumplimiento de la reparación Civil si puede legitimar la decisión de los Magistrados de declarar Improcedente la concesión del beneficio penitenciario. Esto resulta así porque el origen de la obligación del pago se afinca en el ámbito penal, sede en que se condena, imponiéndose conjuntamente con ésta, el resarcimiento del daño ocasionado por el delito y además porque la ley penitenciaria autoriza al operador judicial a imponer otros deberes a los expresamente señalados, siempre que no atente contra la dignidad del condenado.

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Declara que constituye doctrina jurisprudencial, los siguientes precedentes vinculantes: 1. La Transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como Excepción procesal conforme a lo regulado por el inciso 10 del artículo 446º e inciso 4 del artículo 453 del Código Procesal Civil, por interpretación sistemática de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la Transacción. Entendiéndose que las transacciones extrajudiciales homologadas por el Juez, se tramitan de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil, al tener regulación expresa. Ocurriendo lo mismo en cuando a las transacciones celebradas con relación a derechos de menores de edad, las mismas que deben ser autorizadas por el juez competente conforme a Ley. 2. La legitimación para obrar activa, en defensa de los intereses difusos, únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente en el artículo 82º del Código Procesal Civil.

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Normativamente no existe implicancia o contradicción entre la Sentencia del Tribunal Constitucional - CASO MARGARITA TOLEDO, y lo preceptuado por los artículos 263 (acusación complementaria) y 285-A (desvinculación de la acusación fiscal por parte de la Sala) del Código de Procedimientos Penales, por cuanto lo resuelto en este caso reafirma lo estipulado por el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales y básicamente está referido a los procesos sumarios, por que se afectaría el derecho de defensa del procesado al no tipificarse de manera adecuada el ilícito denunciado. Existe implicancia práctica, por cuanto las Salas invocando ésta Sentencia del Tribunal Constitucional han declarado nulo todo lo actuado hasta el auto apertorio, y en éste aspecto en mayoría se ha llegado a la siguiente conclusión: Proceso Sumario: Se debe declarar únicamente Nula la sentencia, Insubsistente el dictamen Fiscal y disponer la ampliación de la instrucción por el delito que corresponde, y el Juez Penal deberá ordenar la ampliación de su declaración instructiva en relación al nuevo tipo penal, de ésta forma asegurar su derecho de defensa. Proceso Ordinario: Si el debate contradictorio y el derecho de defensa del acusado se ejercen de manera plena durante el juicio oral, la solución a la incorrecta tipificación de los hechos materia de juzgamiento, debe realizarse por el Fiscal Superior haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 263 del Código de Procedimientos Penales o por los Vocales Superiores de conformidad con el artículo 285- A del mismo Código, y no devolverse a primera instancia.

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Entre la Sentencia del Tribunal Constitucional y la Sentencia de la Sala Permanente Penal de la Corte Suprema de Justicia, existe implicancia, y que debe aplicarse estrictamente la Sentencia del Tribunal Constitucional toda vez que los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional ( artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), y que además de acuerdo al sistema procesal vigente se hace una distinción entre las funciones del Ministerio Público y el Poder Judicial careciendo ésta última de potestad de disponer que el Ministerio Público ejerza acciones persecutorias cuando a su criterio el proceso penal debe llegar a su fin. Correspondiendo procesalmente: En el proceso penal sumario, si el Fiscal Provincial dictaminó por el sobreseimiento del proceso y el juzgador discrepa y en consulta el Fiscal Superior está de acuerdo con el dictamen del Fiscal el juzgador debe dictar el auto de sobreseimiento del proceso, cuya resolución es inimpugnable, no siendo viable conceder recurso de apelación, correspondiendo legalmente interponer el Recurso de Queja previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo No. 124. La Sala en éste caso al resolver el recurso de queja debe aplicar de ser el caso la sentencia vinculante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República emitida en la Queja número 1678-2006, que posibilita la anulación del procedimiento cuando se afecta el derecho a prueba de la parte civil o la decisión del fiscal incurre en notorias incoherencias, contradicciones o defectos y otros aspectos previstos en dicha Ejecutoria Suprema; es decir, puede revisar el fondo del proceso. Si la Sala confirma el auto de sobreseimiento, aplicando la Sentencia del Tribunal Constitucional, la parte civil puede interponer el Recurso de Queja Excepcional previsto en el numeral 2 del artículo 297 del Código de Procedimientos Penales, y corresponderá a la Corte Suprema aplicar su propio precedente y revisar el fondo del proceso.

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1. El trámite a seguir en los procesos de terminación anticipada se halla establecido en el propio artículo 468 del Código Procesal Penal. Solo es aplicable durante la instrucción bajo la competencia del Juez penal o del Juez Mixto, según sea el caso. En consecuencia es este quien tiene facultad de fallo. 2. El proceso de terminación anticipada rige para todos los procesos en general que actualmente estén sometidos ya sea a la vía del procedimiento sumario o el ordinario. 3. El artículo 468 del Código Procesal Penal no colisiona con el principio de oportunidad previsto en el artículo 2 del mismo cuerpo legal, ni con la Ley 26320, ni la ley 28122. 4. El objeto del artículo 468 del Código Procesal Penal, es resolver el proceso penal con rapidez beneficiando así a las partes procesales y al Estado. 5. La instancia superior conocerá del caso sólo en apelación. 6. Ante la poca aplicación del artículo 468 del Código Procesal Penal se debe efectuar labores de coordinación con el Ministerio Público para que se puedan formar los cuadernos de los procesos de terminación anticipada. 7. El Juez penal o mixto tiene la facultad de fallo, y la instancia superior sólo conocerá en caso de apelación.

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Regirse por sus propias normas.

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Respecto de aquella que dispone la aplicación de la reincidencia y la habitualidad. Ley 28726

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Cuando sea manifiesta e inobjetable la falta de un presupuesto, elemento o requisito del acto jurídico, se puede declarar la nulidad de oficio, conforme al artículo 220° del Código Civil, facultad que se usará en forma excepcional conforme al caso concreto.

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La acción de desalojo prescribe, y la acción de mejor derecho de propiedad es imprescriptible.

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El proceso idóneo para pedir la nulidad de un título expedido por COFOPRI o el PETT es el proceso contencioso administrativo. Además se acuerda que dichos títulos sí pueden ser cuestionables en sede judicial dejando de lado el Decreto Supremo 039-200-MTC Cuarta Disposición Transitoria Complementaria Final por ser de rango inferior al Código Procesal Civil que especifica el derecho de acción que asiste a todo justiciable y, que esta acción debe tramitarse en el proceso contencioso administrativo.

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Debe prevalecer el derecho de propiedad siempre que dicho derecho esté acreditado con documento de fecha cierta y otros documentos que acrediten que la adquisición se realizó con anterioridad al embargo (medida cautelar que garantiza un derecho personal).

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Son embargables los bienes de dominio privado siempre que no estén destinados a servicio y uso público.

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Es facultad discrecional del Juez regular los costos del proceso y después de ello exigir el pago de tributos.

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Se rechace las certificaciones domiciliarias para determinar la competencia territorial en las demandas de amparo y, como segundo acuerdo, que prevalezca la dirección domiciliaria contenida en el DNI. Finalmente, que los Magistrados tengan la facultad de disponer constataciones en caso de ser necesario.

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La acreditación de la obligación alimentaria debe interpretarse como un requisito exigible para el demandante sólo en los casos que esta obligación le haya sido establecida por sentencia o haya sido fijada por acuerdo entre las partes.

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Que, el Juez de Familia en ejercicio de las facultades de dirección contenidas en el inciso 3 del artículo 51 del Código Procesal disponga la realización de una Audiencia Especial en la cual se escuche al niño, se interrogue a los padres o responsables y se actúe cualquier otro acto procesal que se considere conveniente a fin de tener los elementos necesarios para determinar cual o cuales de las medidas de protección que establece la ley deban imponérsele al niño que comete infracción a la ley penal.

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Que, en los casos de las acciones a que se refieren los artículos 400°, 372°, 385° y 401° del Código Civil también debe aplicarse el control difuso prefiriendo aplicar – respecto de los plazos establecidos – la norma contenida en el artículo 2° del inciso 1 de la Constitución Política del Estado, que consagra el derecho de toda persona a su identidad, así como el de los padres a que se le reconozca y ejerzan su paternidad, concordante con el artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes que prevé el derecho a la identidad que tiene todo menor de edad, lo que incluye el derecho a tener un nombre y de conocer a sus padres y llevar sus apellidos.

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Que, el Juez en los procesos de prorrateo de alimentos tiene la facultad para variar la forma de prestar los alimentos y a todos fijarle un porcentaje proporcional, previo esclarecimiento del petitorio a fin de no incurrir en una resolución extrapetita.

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Que, debe nombrarse curador procesal al presunto interdicto a fin de salvaguardar su derecho de defensa, ello en atención a que a la demanda se anexa el correspondiente certificado médico, la cual si bien será materia de ratificación al interior del proceso no es menos cierto que va adelantado el estado de incapacidad en que se encontraría dicho demandado, más aún si dicho nombramiento – de curador procesal – no incurre en causal de nulidad alguna.

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Aplicar en forma llana y simple el texto claro del artículo 3º del Decreto Ley 25920.

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El interés legal de deudas actualizadas, se aplica a partir del día siguiente de la fecha de su actualización, la misma que debe ser determinada en la resolución de primera instancia.

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Respetar el acuerdo tomado en el Plenario Jurisdiccional Laboral de 1997, incluso tratándose de utilidades a partir del Decreto Legislativo 892.

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Respetar el acuerdo pertinente tomado en el Pleno Jurisdiccional de 1999, con el añadido de considerar lo regulado por el artículo 28 del Decreto Legislativo 910.

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Los Jueces Laborales al ordenar la pericia respectiva, dispondrán que los peritos contables, actualicen los créditos laborales utilizando la remuneración mínima vital o concepto que lo sustituya de cada período liquidado, debiendo el factor resultante multiplicar por la remuneración mínima vital de la fecha de actualización, que en ningún caso será posterior al 01 de julio de 1991, en que esta vigente el actual signo monetario.

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Invocar al Señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, para que gestione ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la contratación de contadores profesionales que actúen como peritos judiciales, adscritos a los Juzgados de Trabajo, con fines de lograr celeridad y reducción de costos en los procesos correspondientes. Sugerir que en la selección de los profesionales confortantes del REPEJ, participen los magistrados involucrados en la materia.

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1.- El Juez puede aplicar, al caso concreto, el Control Difuso, declarando la inaplicabilidad de la norma y elevar los autos a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República si no fuere impugnada. 2.- La Sala Superior puede, también, aplicar el Control Difuso sino lo ha hecho el Juez de Primera instancia y elevar los autos en consulta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

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El Juez o la Sala Superior debe revocar la condicionalidad de la pena impuesta en un anterior delito al momento de emitir la nueva sentencia condenatoria, debiendo poner en conocimiento del Juez que emitió la sentencia primera.

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Conclusiones y/o Decisión:

El Juez de Ejecución, sólo en el delito de 0misión de Asistencia Familiar, puede dejar sin efecto la resolución que revoca la condicionalidad de la pena cuando el obligado cumple con el pago íntegro de las pensiones alimenticias devengadas siempre y cuando no haya sido impugnada, por tratarse de un problema eminentemente social.

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Conclusiones y/o Decisión:

La responsabilidad solidaria se aplica con carácter general a todos los propietarios de las obras de construcción civil, respecto del cumplimiento de las obligaciones salariales y económicas del personal de los contratistas, sean aquellos privados o públicos. Conforme al Principio de Igualdad.

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Conclusiones y/o Decisión:

Tratándose del cobro de deudas al Estado es constitucional considerar la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 42° de la Ley N° 27584, modificado por la Ley N° 27654, Ley del Proceso Contencioso Administrativo, en el sentido de permitir a la entidad estatal correspondiente a someterse a alguno de los procedimientos previstos en la norma mencionada para que solamente si incumple con proponer alguno de dichos procedimientos o, en su caso, con el pago del cronograma de pagos asumido, dar inicio a la ejecución forzada, como lo prevé el dispositivo mencionado, debiendo tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional no ha declarado su inconstitucionalidad correspondiendo su aplicación al proceso laboral.

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Conclusiones y/o Decisión:

Los criterios a tener en cuenta para el análisis y determinación de una homologación de remuneraciones son los contenidos, de manera general, en la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 018-2003-AI/TC, en la medida que han de permitir cubrir todo supuesto de homologación al sustentarse en considerar a la igualdad como “…un principio-derecho que instala a las personas, situadas en idéntica situación, en un plano de equivalencia que supone una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo tal que no establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de razones. Por consiguiente, supone la afirmación a priori y apodíctica de la homologación entre todos los seres humanos, por la identidad de naturaleza que el derecho estatal se limita a reconocer y garantizar.”

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Conclusiones y/o Decisión:

Se tramitan en el área laboral las tercerías que deriven de una medida cautelar trabada en un proceso de la misma naturaleza.

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Conclusiones y/o Decisión:

Es procedente recurrir al Juez Laboral demandando el cobro de remuneraciones dejadas de percibir en el tiempo no laborado, como consecuencia de una decisión unilateral del empleador que motivó, en un proceso constitucional de amparo, la declaración de la existencia de un despido nulo por violación de derechos fundamentales, con la consecuente reposición del trabajador.

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Conclusiones y/o Decisión:

Las empresas estatales deben seguir el procedimiento de pago que establece el artículo 42 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, razón por la cual no resulta procedente decretar embrago de sus cuentas bancarias sino que sus obligaciones deben ser pagadas en forma fraccionada.

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Conclusiones y/o Decisión:

El empleador que pague rentas comprendidas en las de quinta categoría deberá retener mensualmente sobre las remuneraciones que abonen a sus trabajadores conforme al artículo 107 de la Ley del Impuesto a la Renta.

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Conclusiones y/o Decisión:

La solicitud para disolver el vínculo matrimonial, debe ser formulada por las partes o por el letrado, siempre y cuando éste cuente con facultades especiales y expresas para ello. El abogado no puede sustituir a las partes provocando una situación jurídica y un estado civil no querido, por ello, si no tiene poder para solicitar la disolución del vínculo, no procede admitir tal petición.

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Conclusiones y/o Decisión:

En los procesos sobre divorcio por causal, sí es posible pronunciarse sobre las pretensiones accesorias cuando se desestima la principal, siempre que exista conflicto o incertidumbre respecto a ellas y se garanticen los intereses y derechos de los hijos.

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Conclusiones y/o Decisión:

EL Juez debe pronunciarse de oficio sobre la indemnización, lo que no significa que la debe conceder, fijará una indemnización siempre que aparezca en el expediente el perjuicio, que se valorará de acuerdo a lo que aparezca en los medios probatorios y se haya fijado como punto controvertido o materia de prueba o se haya invocado en la demanda o en la contestación o la reconvención.

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Conclusiones y/o Decisión:

En el análisis de los requisitos sobre estabilidad y continuidad de la unión de hecho, se debe aplicar el plazo de dos años, en atención a que este plazo de convivencia que tiene una pareja varón y mujer, acredita su estabilidad

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Conclusiones y/o Decisión:

Los Órganos Jurisdiccionales no son competentes para declarar el estado civil de soltería de un ciudadano, porque no tiene acceso a los libros de registros civiles. Es pues un trámite estrictamente administrativo de competencia de Reniec, no siendo tampoco suficiente la declaración testimonial para que el juzgador declare el estado civil de soltero a un ciudadano.

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Conclusiones y/o Decisión:

En tanto no se desvirtúe la presunción de (presunto) hijo, la pensión de alimentos del acreedor alimentario amparado en el artículo 415 del Código Civil, sí puede continuar vigente en atención a la igualdad jurídica consagrada en el artículo 6 de la Constitución de 1993, pudiendo el obligado hacer valer su derecho en la forma como lo establece este mismo artículo.

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Conclusiones y/o Decisión:

En los casos de separación de cuerpos y divorcio por causal, sí procede variar las pretensiones que tuvieren decisión firme, porque así lo establece el artículo 483° siendo innecesaria la discusión al respecto.

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Conclusiones y/o Decisión:

En principio el derecho alimentario no prescribe por ser un derecho humano fundamental que tiene que ver directamente con el derecho a la vida. Distinta situación es la de la pensión alimenticia, en este último caso, tratándose de una prescripción extintiva, debe necesariamente hacerse valer en vía de acción, siempre y cuando no se presenten los supuestos de suspensión previstos en el artículo 1994 o de interrupción previstos en el artículo 1996, ambos del Código Civil, en todo caso, la prescripción a los dos años en vía de acción se aplica para acciones o procesos derivados y no para el originario de alimentos.

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Conclusiones y/o Decisión:

Los plazos de caducidad no deben respetarse de manera general, sin embargo es necesario tener en cuenta los casos concretos en los cuales sí puede aplicarse el plazo de caducidad o prescripción, sobre todo: la edad del niño, su interés superior, la realidad en que vive, la misma que si es favorable, no es dable modificarla radicalmente, puesto que generaría traumas irreparables.

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Conclusiones y/o Decisión:

Sí es procedente y pertinente aperturar investigación de oficio a fin de tomar medidas preventivas y de protección en caso de abandono o maltrato en agravio de niños y adolescentes, por tratarse de niños o adolescentes cuyas situaciones deben ser tratadas de emergencia al estar en riesgo su integridad física. Sin embargo, no procede actuar de oficio en casos de violencia familiar porque estos procesos se inician mediante una demanda y se tramitan como proceso único. Tampoco procede abrir proceso de contenido penal de oficio respecto a adolescentes en conflicto con la ley penal, por expresa prohibición legal, correspondiéndole al Ministerio Público ejercer la acción correspondiente.

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Conclusiones y/o Decisión:

La tenencia compartida en períodos cortos atenta gravemente contra la estabilidad de un niño pues debe tener una idea y concepción estable de un hogar, entender la separación de hecho de sus padres y aceptar el régimen de visitas. La tenencia compartida es recomendable en períodos largos, con la debida preparación a los padres y al niño o adolescente, y con seguimiento del equipo multidisciplinario para que no atente gravemente contra la estabilidad del hijo.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se acordó que en los delitos cometidos por funcionarios públicos, entre ellos los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, deben ser considerados como agraviados al Estado y a la persona particular agraviada por la acción o por sus consecuencias.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se acordó que en los delitos contra la fe pública en los que el agraviado es el Estado, cuando el Juzgador no tenga certeza acerca del Procurador que debe intervenir en su representación, dispondrá en la resolución que corresponda, se oficie al Presidente del Consejo de Defensa Judicial, para que sea éste quien designe al Procurador Público que intervendrá.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se acordó que al haberse producido la puesta en vigencia parcial del nuevo Código Procesal Penal y al haberse abarcado totalmente el supuesto de hecho legislado anteriormente por la ley número veintiséis mil trescientos veinte sobre terminación anticipada en los delitos de tráfico ilícito de drogas, se ha producido una derogación tácita por absorción, siendo aplicable actualmente la nueva legislación, por ser más favorable al procesado y compatible con la orientación garantista del proceso penal y el respeto de los derechos del acusado.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se acordó que en el caso de que el fiscal no llegue a un acuerdo con el procesado respecto a las circunstancias del hecho o la pena o en caso de que el juez no apruebe el acuerdo de terminación anticipada, dichos magistrados deberán continuar con el conocimiento del caso e intervención en el proceso, a pesar de que la ley número veintiséis mil trescientos veinte establecía que su reemplazo obligatorio, no obstante lo cual el nuevo Código Procesal Penal no trata este punto.

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Conclusiones y/o Decisión:

Acordaron que el juez penal no puede dictar una sentencia con el quantum de la pena o el monto por reparación civil inferior al que ha sido acordado en el procedimiento de terminación anticipada, debiendo consultar con el fiscal acerca de si ha aplicado el beneficio de reducción de un sexto de la pena al que se refiere el artículo cuatrocientos setenta y uno del nuevo Código Procesal Penal, pudiendo el juez aprobar o desaprobar el acuerdo, pero no fijar la pena ni la reparación civil por debajo de lo acordado.

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Conclusiones y/o Decisión:

Acordaron declarar que existe un error de sistemática legal (por incompatibilidad de disposiciones: antinomia) en la referencia que se hace en la última parte del numeral sexto del artículo cuatrocientos sesenta y ocho del nuevo Código Procesal Penal -“Rige lo dispuesto en el artículo 398”-, que rompe con la estructura de favorabilidad del procedimiento de terminación anticipada. Ergo, si el fiscal y el procesado llegan a un acuerdo sobre la pena y las circunstancias del hecho punible, el juez de la causa no puede absolver al procesado, por carencia de acusación fiscal.

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Conclusiones y/o Decisión:

Acordaron que en el proceso de terminación anticipada, cuando exista pluralidad de hechos punibles e imputados, según el artículo cuatrocientos sesenta y nueve del nuevo Código Procesal Penal, es factible aprobar la terminación anticipada para aquellos que solicitaron acogerse a este trámite, siempre que estén de acuerdo en los cargos y pena que se solicitan en su contra, a pesar de la negativa de otro u otros procesados a someterse a la terminación anticipada.

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Conclusiones y/o Decisión:

Acordaron recomendar a los magistrados que en los procesos por omisión a la asistencia familiar, al momento de establecer la medida de detención o comparecencia, se tengan en cuenta elementos como el interés superior del niño y la posibilidad efectiva de que a través del proceso penal se le brinde protección al menor.

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Conclusiones y/o Decisión:

Acordaron que durante la sustanciación de los procesos por omisión a la asistencia familiar, cuando la parte procesada cumpliese con abonar el íntegro del monto de pensiones alimenticias devengadas antes de la sentencia, ésta deberá ser emitida por el juez de la causa reservando el fallo condenatorio de acuerdo al artículo sesenta y dos del Código penal, pronunciándose por la responsabilidad civil del procesado y fijando también las reglas de conducta aplicables a cada caso, el periodo de prueba y los efectos del incumplimiento de dichas reglas.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se acordó que la desvinculación debe ser previa a la expedición de la sentencia y luego de la acusación fiscal, comunicando a las partes que se les otorga un plazo de diez días para que ejerzan su derecho a la defensa.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se acordó que la interpretación de los artículos cuatrocientos sesenta y ocho y cuatrocientos setenta y uno del nuevo Código Procesal Penal y el artículo veintinueve del Código Penal, debe ser extensiva y por la cual el proceso penal especial de terminación anticipada sí resulta aplicable a los delitos que tengan como pena conminada la cadena perpetua, tomando como límite para la negociación de la pena entre el fiscal y el imputado la institución de la revisión de la pena de cadena perpetua al cumplirse los treinta y cinco años de privación de la libertad.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se acordó que el Ministerio Público no puede ejercer la representación de la sociedad en los delitos contra la seguridad pública en los que el Estado es el ente agraviado, debiendo procederse según el acuerdo número dos de este Pleno Jurisdiccional.

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Conclusiones y/o Decisión:

Es factible la aplicación del artículo 285 – a en los procesos de tramite sumario, debiendo quedar en claro que la implementación de sus mecanismos se pueden hacer en cualquier estado del proceso es decir antes o después de la acusación”.

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Conclusiones y/o Decisión:

Presentada la formalización de denuncia el juez penal expide una resolución y declara no ha lugar a la apertura de instrucción es decir desestima la investigación judicial, esta decisión es apelada, entonces luego de analizar si este ha emitido su pronunciamiento efectivizando un control jurídico sobre la imputación fiscal, el superior declara nula la resolución, ordenando que otro juez con total independencia decida si abre o no instrucción.

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Conclusiones y/o Decisión:

Ejecutoria Suprema Vinculante: Recurso de Nulidad Nº 2090-2005, cuarto y quinto fundamento jurídico.

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Conclusiones y/o Decisión:

Ejecutoria Suprema Vinculante: Recurso de Nulidad Nº 496-2006, quinto fundamento jurídico.

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Conclusiones y/o Decisión:

Ejecutoria Suprema Vinculante: Recurso de Nulidad Nº 1500-2006, quinto fundamento jurídico.

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Conclusiones y/o Decisión:

Ejecutoria Suprema Vinculante: Recurso de Nulidad Nº 1920-2006, tercer fundamento jurídico.

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Conclusiones y/o Decisión:

La ausencia de la diligencia de examen o ratificación pericial no necesariamente anula lo actuado ni excluye el informe o dictamen pericial del acerbo probatorio. A estos efectos, los Jueces y Salas Penales deberán tener en cuenta, obligatoriamente, los criterios indicados en los fundamentos jurídicos ocho y nueve.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se establece como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos seis a ocho, que la sola presentación de una recusación contra el juez de la causa bajo el argumento que se le ha interpuesto una demanda de hábeas corpus o amparo o una queja ante el órgano disciplinario del sistema judicial: Poder Judicial o Consejo Nacional de la Magistratura no justifica su estimación por el órgano jurisdiccional. A estos efectos, los Jueces y Salas Penales deberán tener en cuenta, obligatoriamente, los criterios indicados en dichos párrafos.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se establece como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos ocho a doce, que el Tribunal, sin variar o alterar sustancialmente el hecho punible objeto de acusación, puede plantear la tesis de desvinculación. Esta no es necesaria si la nueva circunstancia o la distinta tipificación, siempre que respete la homogeneidad del bien jurídico protegido, ha sido propuesta expresa o implícitamente por la defensa. Tampoco corresponde plantear la tesis para introducir una circunstancia atenuante o variar el grado del delito o el título de participación, ni cuando se está ante un manifiesto error en la tipificación, fácilmente constatable por la defensa.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se establece como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos ocho a doce, que el Tribunal, puede en el supuesto que el recurso impugnativo haya sido interpuesto sólo por el sentenciado, según el caso; variar el grado de consumación del delito (de tentativa a delito consumado), variar el grado de participación (por ejemplo de cómplice secundario a cómplice primario o instigador o autor), variar la pena de principal a accesoria o viceversa, e integrar el fallo disponiendo el tratamiento terapéutico a que se refiere el artículo 178º-A del Código Penal. Por otro lado, el Tribunal de Revisión no puede integrar el fallo recurrido e imponer una pena omitida aún cuando la ley penal la establezca.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se establece como doctrina legal, conforme a los fundamentos seis a diez, que para el cómputo de los plazos de prescripción en los procesos sumarios no se considera el lapso comprendido entre la interposición del recurso de queja excepción –contra la resolución que pone fin a la instancia- y la remisión de la copia certificada de la Ejecutoria Suprema que estima el recurso de queja y concede el recurso de nulidad respectivo al Superior Tribunal. A estos efectos, los Jueces y Salas Penales Superiores deberán tener en cuenta, obligatoriamente, los criterios indicados en dichos párrafos.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se establece como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos nueve al catorce, los criterios para el alcance interpretativo del inciso 3) del artículo 173º del Código Penal, modificado por la Ley número 28704 en cuanto a la determinación judicial de la pena. A estos efectos, los Jueces y Salas Penales deberán tener en cuenta, obligatoriamente, los criterios indicados en dichos párrafos.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se establece como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos seis al nueve, las diferencias entre las agravantes que en el delito de robo aluden a la pluralidad de agentes y a la actuación delictiva como integrante de una organización criminal; así como la posibilidad concursal en el artículo 317º del Código Penal, ante la integración simultánea o sucesiva, de un mismo agente en varias organizaciones criminales. A estos efectos, los Jueves y Salas Penales deberán tener en cuenta obligatoriamente, los criterios indicados en dichos párrafos.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se establece como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos seis al diez, los criterios para la interpretación y aplicación de los alcances del párrafo cuarto del artículo 80º del Código Penal, así como sobre la eficacia de dicha disposición en relación a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 83º del citado cuerpo legal. A estos efectos, los Jueves y Salas Penales deberán tener en cuenta obligatoriamente, los criterios indicados en dichos párrafos.

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Conclusiones y/o Decisión:

Por ser proceso sumario se debe tramitar de conformidad con el artículo 90° del Código de Procedimientos Penales, y más aún que la Ley Orgánica del Ministerio Público, no señala que el representante del Ministerio Público en esta instancia (Fiscales Provinciales) emita dictamen previo a resolver las excepciones. Posición que esta en contra de remitirse a vista fiscal.

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Conclusiones y/o Decisión:

1.- La doble calificación de un solo hecho en la etapa de instrucción de un proceso ordinario o sumario cuando ha lugar a la acusación por uno de los tipos penales y no ha lugar por el otro tipo penal, vulnera el principio de ne bis in idem. Del mismo modo si en el proceso ordinario la Sala Penal declara ha lugar al juicio oral por el tipo penal materia de acusación y no ha lugar al juicio oral por el tipo penal materia de no ha lugar a la acusación, también vulnera el principio ne bis in idem. Y, en el proceso sumario, cuando el Juez Penal condena por el tipo penal materia de acusación y sobresee por el tipo penal materia de no ha lugar a la acusación 2.- En el supuesto de doble calificación de un solo hecho por concurso aparente de normas debe entenderse esa doble calificación como si se tratara de una pretensión punitiva alternativa o subsidiaria, y aplicando el principio de especialidad, en el momento de formular la acusación, el Fiscal Superior, en un proceso ordinario, y el Fiscal Provincial, en un proceso sumario, deberá acusar solo por uno de los tipos penales y mas no opinar por el ha lugar a la acusación por un tipo penal y no ha lugar a la acusación por el otro tipo penal. 3.- La fórmula señalada en el numeral dos, tiene doble ventaja: en un sentido negativo, evitará un doble pronunciamiento de fondo sobre el mismo hecho y por ende evita la vulneración del principio ne bis in idem, y en sentido positivo, permitirá la correcta adecuación del hecho imputado a un solo tipo penal en un concurso aparente de normas por aplicación del principio de especialidad. Además, tiene la ventaja de que la Sala Penal o el Juez Penal, según que se trate de un proceso ordinario o sumario, pueda apartarse de la calificación jurídica con el simple requisito del contradictorio como lo establece el artículo 285-A del Código de Procedimientos Penales, introducido por el Decreto Legislativo 959.

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Conclusiones y/o Decisión:

1. La notificación del mandato cuya omisión puede llegar a constituir delito omisión a la asistencia familiar, contra la libertad de trabajo y desobediencia o resistencia a la autoridad, debe hacerse siguiendo las reglas contenidas en el artículo 161° del Código Procesal Civil. 2. La cédula de notificación deberá contener con precisión los datos de identificación (nombres y apellidos) de la persona obligada, el mandato, así como el apercibimiento expreso de acudir a la vía penal, por tal o cual delito, y siempre que no exista otra sanción especial. 3. En el caso de personas naturales, la notificación se diligenciará en el domicilio real que aparezca en autos. En el caso de las personas jurídicas se hará en el domicilio legal. 4. La conminación previa en los delitos de omisión a la asistencia familiar, contra la libertad de trabajo y desobediencia o resistencia a la autoridad, forma parte de la estructura de dichos tipos penales y no un requisito de procedibilidad puesto que éste requiere estar contenido en una disposición penal o extra penal expresa, y ser exigible para el ejercicio de la acción penal. 5. El medio de defensa técnico frente a la falta de conminación previa será la de excepción de naturaleza de acción.

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Conclusiones y/o Decisión:

PRIMERA, la conversión de la pena privativa de libertad de corta y de mediana duración debe ser evaluada y fundamentada en la parte considerativa de la sentencia, así como especificada en la parte considerativa, teniéndose en cuenta que los máximos de pena establecidos para convertir son penas completas no mayor a cuatro años de pena privativa de libertad. No procede la conversión por excepciones legales. SEGUNDA, el Poder Judicial debe coordinar con el INPE, respecto de las unidades receptoras a efectos del éxito de la ejecutabilidad de las penas convertidas, quedando éstas obligadas a expedir los informes requeridos para su control y de ser el caso tomar las medidas pertinentes por el órgano jurisdiccional.

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Conclusiones y/o Decisión:

En todos los presupuestos problemáticos planteados, teniendo en cuenta que la etapa de la investigación del proceso inicial ya se encuentra concluida o por concluir, el grupo considera que deben remitirse las copias certificadas de los actuados al Fiscal Provincial a fin de que se genere un nuevo proceso penal contra los nuevos coautores o cómplices.

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Conclusiones y/o Decisión:

Que la palabra “reconsideración” no se trata de un recurso administrativo y es una simple petición.

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Conclusiones y/o Decisión:

La competencia territorial en los procesos contenciosos administrativos sí es prorrogable.

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Conclusiones y/o Decisión:

Los pactos colectivos no caducan al año de su puesta en vigencia salvo el mismo pacto se haya otorgado en el mismo.

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Conclusiones y/o Decisión:

El Juez si puede apartarse de los precedentes vinculantes a excepción en aquellos casos que se encuentren comprometidos por derechos humanos.

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Conclusiones y/o Decisión:

En materia, de pretensiones sobre inmuebles lo que determina la competencia es la cuantía y la naturaleza del derecho que se disputa.

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Conclusiones y/o Decisión:

Se debe declarar improcedente liminarmente la demanda, de tercería de propiedad en el caso de la ejecución de garantías reales.

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Conclusiones y/o Decisión:

Las tercerías deben ser conocidas por el Juez principal a excepción de los casos planteados por la vía penal que deben ser conocidos por el Juez Civil.

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Conclusiones y/o Decisión:

No habiendo ningún tipo de debate por parte de los grupos, por mayoría: El Juez de Paz puede ordenar el descerraje.

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Conclusiones y/o Decisión:

El reajuste de pensiones de los fallecidos no es un derecho hereditario y solamente los que la ley legitima son los que pueden hacer el reclamo.

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Conclusiones y/o Decisión:

Prima el principio de especialidad y en los casos de ejecución, de sentencia que obligan al Estado al pago de dinero debe aplicarse el artículo 22 de la Constitución Política del Perú.

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Conclusiones y/o Decisión:

La pretensión debe ventilarse a través de la vía del proceso contencioso administrativo y no a través del proceso de amparo, por hechos controvertidos, falta de idoneidad y objetividad.

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Conclusiones y/o Decisión:

Las demandas contra la Oficina de Normalización Provisional sobre pensión de incapacidad o renta vitalicia por enfermedad profesional son improcedentes si el que reclama el derecho a la pensión laboró después del 15 de mayo de 1998.

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Conclusiones y/o Decisión:

El tema en debate debe ser ventilado a través del Proceso Contencioso Administrativo, si el monto de la pensión en general, incluyendo pensión inicial, aumentos e incrementos de la ley supera S/. 415.00 nuevos soles, si el monto es menor, sí puede ventilarse a través del Proceso de Amparo.

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Conclusiones y/o Decisión:

El segundo párrafo del artículo 22º del Código Penal es inconstitucional, dado a que afecta el principio de igualdad.

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Conclusiones y/o Decisión:

Si se puede analizar y resolver en un proceso de reivindicación uno de mejor derecho de propiedad no obstante no haber sido demandado con las limitaciones que se han señalado; que no se haya demandado pero que si se haya propuesto por el demandado como argumento de defensa, se haya fijado como punto controvertido y que no se resuelva en el fallo sino en la parte considerativa.

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Conclusiones y/o Decisión:

La sentencia dictada en un proceso de prescripción adquisitiva es declarativa y el análisis que se debe hacer en este caso tiene como requisito que el demandado postule esta condición al momento del contradictorio cuando es demandado por desalojo por precario o por reivindicación.

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Conclusiones y/o Decisión:

Al vencimiento del contrato de arrendamiento el demandado o el arrendatario no se convierte en precario razón por la cual la pretensión adecuada para demandarlo no es la de precario sino la de desalojo por vencimiento de contrato.

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Conclusiones y/o Decisión:

La posesión pacifica a que se refiere el artículo 950 del Código Civil referido a la prescripción adquisitiva sólo queda afectada cuando el poseedor prescribiente es vencido en juicio.

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Conclusiones y/o Decisión:

Sólo debe emplazarse a Registros Públicos con su representante el Procurador Público como Litisconsorte Necesario en los procesos de nulidad de inscripción registral cuando la nulidad sea el producto de la irregularidad, de la omisión, de la negligencia, del apartamiento de los principios registrales y de cualquier actividad nociva que haya hecho el registrador, pudiendo ser incorporado el registrador público como tercero coadyuvante y si la demanda es directa contra el registrador hay que emplazar al Ministerio de Justicia que es el que representa a los Registros Públicos y también como Litisconsorte Necesario al registrador.

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Conclusiones y/o Decisión:

El Juez puede aplicar el Control Difuso para determinar en un proceso de esta naturaleza si le corresponde a este menor conocer quien es su padre biológico.

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Conclusiones y/o Decisión:

Debe declararse improcedente en forma liminar, porque el petitorio que contiene la demanda es un imposible jurídico; dado que la tercería no puede cancelar una hipoteca que es un acto de autonomía privada, cuyas formas de extinción se hallan previstas en el Art. 1122 del Código Civil.

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Conclusiones y/o Decisión:

La demanda no debe admitirse; porque el embargo al estar inscrito en el Registro Público es oponible al derecho no inscrito del tercerista (artículo 2022 Código Civil); sin embargo, existen situaciones que ameritan que la demanda sea admitida, por ejemplo, cuando en la demanda se invoque la mala fe del embargante u otras situaciones excepciones en la que exista verosimilitud del derecho invocado.

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Conclusiones y/o Decisión:

El título de propiedad no inscrito es inoponible al embargo inscrito por el principio de prioridad registral (artículo 2016° del Código Civil); excepto que el titular haya acreditado fehacientemente ejercer los atributos de la propiedad (comportarse como propietario) desde fecha anterior a la del nacimiento de la obligación garantizada con la medida cautelar.

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Conclusiones y/o Decisión:

El Juez de los procesos de: a) nulidad o divorcio no puede aplicar una causal distinta a la invocada, porque dicha causal forma parte del petitorio; b) responsabilidad civil no puede aplicar un régimen legal distinto al invocado; en ambos casos, en aplicación del principio de congruencia procesal.

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